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Las consecuencias que muchos arrendadores están sufriendo por la crisis del COVID-19 están acrecentando la demanda de seguros de alquiler.

Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.

Se aprueba el RD 15/2020 de 21 de abril, que incluye una serie de medidas que afectan al ámbito laboral con entrada en vigor el 23 de abril. De entre ellas, destacamos las siguientes:

Con efectos desde el 22 de abril de 2020, entra en vigor un cuarto paquete de medidas fiscales destinadas a paliar los efectos económicos provocados por la crisis del COVID -19.

Debido a la situación de emergencia motivada por el COVID-19, muchas empresas han tenido que implementar medidas de teletrabajo de manera urgente y extraordinaria para adaptarse a estas circunstancias y continuar con su actividad empresarial.

Desde que el Gobierno aprobó la concesión de líneas de crédito avaladas por el ICO para autónomos y pymes afectados por el COVID-19, las entidades financieras están aprovechando su concesión para forzar la contratación de seguros del propio banco.

Con efectos desde el día 15 de abril de 2020, se aprueba in extremis una extensión del plazo para presentar y pagar impuestos cuyos plazos de ingreso venzan entre el 20 de abril de 2020 y el 20 de mayo de 2020, de manera que podrán presentarse y pagarse hasta el 20 de mayo.

Los trabajadores de actividades no esenciales que no puedan realizar teletrabajo deben volver a sus puestos de trabajo a partir del martes 14 de abril en Cataluña, tras la finalización del permiso retribuido recuperable el pasado 9 de abril.