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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley para adaptar la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
El Consejo de Ministros, a través del Real Decreto-Ley 8/2023 de 27 de diciembre, ha anunciado la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) a partir del año 2024.
A partir del 20 de marzo, la Agencia Tributaria (AEAT) habilitará un sencillo formulario para agilizar las devoluciones del IRPF a aquellos pensionistas que llevaron a cabo aportaciones a mutualidades laborales. De esta manera, se podrán canalizar todas aquellas solicitudes de mutualistas pendientes de resolución a partir de la información que Hacienda, además de la información correspondiente a su vida laboral.
La adopción de las nuevas tecnologías, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, es cada vez más frecuente en el ámbito de los Recursos Humanos. Sin embargo, el uso de estos sistemas no está exento controversia.
Este 2024 trae consigo cambios importantes en el ámbito laboral, que marcarán nuevas dinámicas y obligaciones en las empresas. A continuación, mostramos un resumen.
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI, entró en vigor el pasado 2 de marzo de 2023. Esta nueva norma establece nuevas obligaciones para las empresas, entre las cuales se incluye un protocolo de actuación para la atención al acoso o la violencia contra estas personas.
El pasado 6 de febrero, el Boletín oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 145/2024, que establece la nueva cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El 29 de febrero finaliza el plazo para presentar el modelo 347, declaración informativa de las transacciones realizadas con terceros.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un aumento del 5% en la base máxima de cotización para este año, que sube hasta los 4.720,5 euros mensuales (56.646 anuales), teniendo en cuenta los parámetros fijados en la reforma de pensiones de la legislatura anterior.
La instalación sistemas de videovigilancia en los centros de trabajo es una práctica habitual en muchas compañías que permite tener un control general de las entradas y salidas de los empleados, y se considera legal siempre que no se lleve a cabo un control exhaustivo que atente contra el derecho a la intimidad de cada uno de ellos.
A continuación, revisamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que pone de manifiesto dónde están los límites en el uso de este sistema de control y seguridad.