Asesoría

Las medidas adoptadas en este Decreto tienen como objetivo establecer parámetros de actuación en el ámbito jurídico en un contexto de parada prácticamente completa de la actividad del país:

Este sábado 14 de marzo ha entrado en vigor el Real Decreto 643/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por COVID-19.

En relación a la crisis del COVID-19, se han aprobado medidas extraordinarias con el objeto de paliar tensiones de tesorería de pymes y autónomos. Entre ellas, se permitirá el aplazamiento de deudas tributarias derivadas de autoliquidaciones y declaraciones tributarias que deban ingresarse desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Se aprueban medidas extraordinarias con el objeto de paliar tensiones de tesorería derivadas de la crisis sanitaria actual. Entre ellas, se prevé las siguientes medidas de apoyo al sector turístico.

Desde el 1 marzo entran en vigor las conocidas “quick fixes” (soluciones rápidas), una serie de medidas destinadas a armonizar y simplificar el IVA de las operaciones intracomunitarias de bienes.

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antigua Fundación Tripartita) lleva desde 2010 vigilando de cerca a las empresas que se dedican a ofrecer la implantación de Protección de Datos a "coste cero" mediante subvenciones para la formación en el trabajo, a través de las cuales financian estos servicios con cargo a los créditos asignados para la formación bonificada.

El 31 de enero de 2020 el Reino Unido abandonó la Unión Europea, y desde el 1 de febrero comenzó un periodo de transición que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este tiempo, las relaciones comerciales con el Reino Unido se llevarán a cabo igual que hasta ahora, para los operadores no habrá cambios en ningún aspecto (aduanero, fiscal, regulatorio, etc.) y el Reino Unido seguirá aplicando toda la normativa de la UE. 

El 2 de enero entró en vigor la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida dictaminada por el Ayuntamiento de Barcelona que tiene como objetivo combatir la contaminación en el Área Metropolitana discriminando positivamente los vehículos más respetuosos con el medio ambiente.