Asesoría, correduría y centro de negocios
La situación excepcional provocada por el COVID-19 está teniendo una incidencia notoria en el empleo de los trabajadores fijos-discontinuos que trabajan en el ámbito turístico y en los sectores vinculados.
Se ha publicado en el BOE la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, donde se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos.
Las medidas publicadas en el Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que hasta el 30 de junio hayan recibido la prestación extraordinaria por cierre de la actividad durante el estado de alarma.
Se ha aprobado el Real Decreto-Ley 24/2020 de medidas sociales de reactivación del empleo, de protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, publicado en el BOE el 27 de junio.
La Generalitat de Catalunya ha abierto una nueva línea de ayudas destinadas a autónomos y empresas del ámbito turístico que han sufrido los efectos económicos de la crisis ocasionada por el COVID-19, con el fin de compensar la pérdida económica y garantizar su actividad.
La Agència Catalana d’Habitatge ha ampliado los supuestos para poder acceder a unas ayudas directas para pagar un máximo de 6 mensualidades de alquiler de abril a septiembre.
La tecnología 5G comenzó a desplegarse en Europa a principios de 2019, y la previsión es que tenga un gran impacto en la sociedad digital. Las principales mejoras que la 5G ofrece a los usuarios son, entre otras, la alta velocidad de transferencia, la mayor capacidad de conexión y baja latencia (tiempo de respuesta entre acción y reacción) en las comunicaciones que permitirá las acciones en tiempo real.
El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha una ayuda económica dirigida a personas físicas o jurídicas que sean arrendadoras de bienes inmuebles destinados a locales comerciales que reduzcan el alquiler a sus arrendatarios de forma significativa durante un período mínimo de seis meses desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19.